“Desmantelando lo público”
La precarización de los servicios públicos reduce los recursos, el personal y las infraestructuras necesarias para ofrecer una atención de calidad. Cuando los servicios se deterioran, la ciudadanía pierde confianza en lo público.
Esta situación abre la puerta a que empresas privadas se presenten como alternativas “más eficaces”, aunque su lógica priorice el beneficio sobre el bienestar social.
Por otro lado, esta problemática se refleja en falta de personal en los pabellones y piscinas municipales, en el cierre y precarización de los espacios de ocio juvenil y un largo etcétera.
Proceso de privatización de las piscinas y pabellones municipales, siendo la falta de personal el primer problema en estos procesos.
La externalización de los servicios públicos es el resultado de la entrada de partidos que, haciendo suya la práctica del neoliberalismo económico, pretenden alargar la vida de empresas que habiéndose dedicado al ámbito de la obra y construcción ven cómo su negocio va terminando. Agotada la posibilidad de gasto de la ciudadanía, esas empresas ven su negocio en la posibilidad de gestión de los recursos públicos.
Las piscinas cubiertas ya están siendo gestionadas por empresas privadas. Se está asfixiando al servicio municipal, que carece del personal necesario.
El servicio se presta cada verano mediante personal con contratos temporales, con la problemática que esto supone para la seguridad, al ser continuamente personas nuevas quienes desempeñan las funciones propias del personal de mantenimiento. Esto provoca una espiral en la que el personal fijo, con experiencia, ve cómo se deteriora el servicio y cómo su vida personal empieza a resentirse por la imprevisibilidad de los calendarios.
Quien puede, cambia de servicio. Incluso personas nuevas contratadas lo hacen a las pocas semanas, si pueden. De 11 personas contratadas para tres años en 2022, solo 4 acabaron su contrato en el servicio.
Actualmente, existe una huelga convocada en 2024 para que se contrate a más personal, entre otras cosas. Se establecieron unos servicios mínimos del 100% para boicotearla con el fin de no acceder a la contratación de más personal.
La remunicipalización de las piscinas cubiertas con la subrogación del personal al Ayuntamiento solucionaría el problema sin gastar ni un céntimo más, ya que el dinero invertido actualmente permite contratar a un 30% más de personal con mejores condiciones de trabajo fijo, lo que redundaría en un aumento de la calidad de todo el servicio.
Piscinas y pabellones deportivos municipales.
Cierre y precarización de los espacios de ocio juvenil.
Las Casas de Juventud y los PIEE vieron modificada su denominación bajo el nombre de Zonas Jóvenes en un supuesto proceso participativo (del cual no se han publicado los resultados) y se separaron las licitaciones de ambos programas a pesar de que siempre han trabajado de la mano.
Se han cerrado ocho centros de los veintiocho que componían la Red de Casas de Juventud; es decir, más de una cuarta parte de los mismos. Los barrios de Oliver, Valdefierro, Miralbueno, Casablanca, Arrabal, La Jota, Parque Goya y Santa Isabel se han quedado sin espacios municipales para la juventud, derivando su dotación a macrocentros de dudoso éxito que promueven actividades puntuales sin el seguimiento, vínculo ni cercanía que ofrecen los recursos ubicados en los barrios (que cuentan con profesionales cualificados para ello).
El contrato ordinario entre entidades gestoras y Ayuntamiento finalizó en 2020 y desde entonces se lleva esperando una nueva licitación y adjudicación para ambos proyectos.
La licitación de los PIEE ha quedado desierta en dos ocasiones debido a la infradotación económica y de personal, ya que propone reducir la jornada laboral de las trabajadoras (precarización el servicio) y los recursos para actividades. En el curso 2025-2026 el Servicio de Juventud obligó a las entidades gestoras actuales a reducir treinta horas mensuales de prestación del servicio en cada centro bajo amenaza de cese del mismo.
De la licitación para la gestión de las Casas de Juventud se desconoce cualquier información.
Por otro lado, las compañeras de los Centros Municipales de Tiempo Libre también se encuentran ante unos pliegos que van a cambiar el horario actual, lo que va a suponer una peor atención a la infancia.
Revisión del modelo de Zonas Jóvenes que cuente de verdad con toda la población, que no elimine la cercanía con la juventud de los programas socioeducativos y que mejore las condiciones de los centros y del personal que trabaja en ellos.
Casas de Juventud, Centros de Tiempo Libre y PIEES de Zaragoza
Precarización del servicio técnico de las subcontratas de Aragón Tv y Aragón Radio
Las trabajadoras y trabajadores que realizan la explotación técnica de Aragón TV y Aragón Radio trabajan para empresas subcontratadas y, desde que empezó la televisión autonómica, han pasado por diferentes empresas subrogadas una y otra vez.
Hace 20 años que comenzó Aragón TV y Aragón Radio, y durante este tiempo las trabajadoras han luchado contra la precarización del sector. Aunque han logrado pequeñas mejoras, la precariedad sigue siendo inmensa y el maltrato laboral aumenta cada año. Existe una enorme brecha entre el personal de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) y el resto de trabajadoras en lo que a salario y condiciones se refiere. Así abaratan costes, externalizando todo lo demás. Hace solo dos años se consiguió que se retribuyan los fines de semana, tras 18 años sin cobrarlos.
Las trabajadoras no tienen trienios ni reconocimiento por antigüedad: quien entra hoy cobra igual que quien lleva 20 años. Piden mejoras salariales y laborales. Sin embargo, la nueva empresa, UTE Inevent-Telson, plantea condiciones humillantes, pretendiendo trabajadores multifunción y con disponibilidad absoluta. La CARTV y la DGA no pueden mirar hacia otro lado ni ser cómplices de esta situación. Las trabajadoras han iniciado movilizaciones con paros parciales, pero la CARTV, con la complicidad de la empresa, ha gastado miles de euros de dinero público en invisibilizar dichas movilizaciones y en vulnerar los derechos de las trabajadoras.
Como acción principal, el respeto y reconocimiento al trabajo realizado. Se trata de personas trabajadoras y con experiencia que quieren ejercer su labor en buenas condiciones. Algunos ejemplos de mejoras son:
Además, se reclama el respeto de los derechos laborales.
Esta problemática afecta a las subcontratas de servicios públicos, su externalización y precarización.
Empresas subcontratadas por el Ayuntamiento, tienen que pasar a ser gestionadas por este ente local
Desde hace años, los ayuntamientos vienen externalizando la administración y prestación de servicios como el transporte urbano, la recogida de residuos, etc. hacia empresas privadas.
Empresas que pelean por un negocio redondo, que poco tiene de «riesgo y ventura», ya que tienen garantizado un porcentaje de beneficios en algunos casos superior al 15% del presupuesto sea cual sea el resultado de su gestión.
La gestión externalizada no es más barata, tiene otros aspectos que la hacen atractiva a la actual clase política. La gestión externa llega a ser un 30% más cara que la gestión directa.
Los recortes presupuestarios en las diferentes áreas han significado despidos y reducción de medios para prestar dichos servicios, afectando negativamente a las condiciones laborales y económicas de los trabajadores y suponiendo una perdida cualitativa y cuantitativa de calidad del servicio que en estos momentos se está prestando al ciudadano.
Mejorar los servicios públicos externalizados por el Ayuntamiento, así como garantizar los puestos de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores de las contratas.
La alternativa debe pasar por la «gestión directa» de los servicios municipales, creando empresas públicas o facilitando la creación de cooperativas de trabajadores. Una gestión directa con participación vecinal, de trabajadores y colectivos sociales, para lo cual es fundamental derogar la ley de bases de régimen local.
Buena parte de los servicios públicos de la ciudad.
Precarización y privatización de los servicios públicos
La falta de apuesta por unos servicios públicos de calidad hace que se esté generando un problema estructural de falta de personal. La precarización, como paso previo para justificar la privatización de los servicios. El número de personas empleadas en el Ayuntamiento de Zaragoza ha bajado en casi 100 efectivos reales, según datos extraídos del propio consistorio, efectivos que son necesarios para prestar los servicios a los ciudadanos. Eso está generando una falta de personal en Juntas de Distrito y Vecinales, en Brigadas de Infraestructuras, colegios, instalaciones deportivas, redes y sistemas, en servicios sociales, en Casa de las Culturas, en la Azucarera, en el Albergue Municipal, en la Escuela de El Pinar… Se han dado a lo largo de estos años retrasos en la atención a la ciudadanía, así como juntas municipales cerradas, centros cívicos cerrados, piscinas municipales con falta de personal… Pero el gobierno de la señora Chueca, con el mayor presupuesto de la historia de este Ayuntamiento, ha decidido recortar la plantilla municipal. Como siempre, el deterioro del servicio público se constata como un paso previo para su privatización. Por poner solo un ejemplo, la licitación para el control de accesos, ya parcialmente privatizados, ha pasado de 799.000 euros a más 1,5 millones al año, un incremento del 87% respecto a la anterior. O en el caso de la Escuela del Pinar, directamente se apuesta por un concierto de supuesto “interés social” para externalizar la gestión del centro.
Garantizar el personal necesario para la correcta prestación de los servicios públicos. Establecer una oferta de empleo público de calidad y coherente con las necesidades de los servicios, reduciendo la temporalidad en las contrataciones de la plantilla municipal. Remunicipalizar y gestión directa de los servicios públicos, reduciendo la externalización y la precarización de las condiciones laborales de las contratas, estableciendo políticas de seguimiento de las contratas existentes para garantizar su correcto funcionamiento, introduciendo cláusulas sociales y medioambientales.
Zaragoza en general